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Capítulo 3 del Módulo 4.- Modificaciones al Contrato

Capacitador: Alexander Pajuelo Orbegoso


Introducción
La tercera fase de todo proceso de contratación pública la constituye la fase de ejecución contractual, que se caracteriza por ser la fase en la cual los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. 

Es en este momento en donde la Entidad, quien tiene a su cargo la supervisión, directa o a través de terceros, aplicará los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas; pues de esa manera, se procura garantizar la adecuada satisfacción de la necesidad.

Dentro de las actuaciones que se pueden dar en esta fase, tenemos, entre otras, las siguientes:
  • Perfeccionamiento del contrato.
  • Nulidad del contrato.
  • Subcontratación.
  • Cesión de derechos y de posición contractual.
  • Ampliaciones de plazo.
  • Adicionales al contrato.
  • Aplicación de penalidades.
  • Conformidad.
  • Pago.
Tratándose de la ejecución de un contrato, es importante indicar que su cumplimiento está sujeto a una serie de variaciones y/o modificaciones que pueden darse producto de una serie de eventos imprevistos que hacen necesario una adecuación a las nuevas coyunturas. De presentarse estas, deberán ser previamente analizadas por la Entidad, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la normativa de contratación pública.

I.    Vigencia del contrato

El contrato no sólo está vigente hasta la conformidad de la recepción, en el caso de bienes y servicios, o el consentimiento de la liquidación, en el caso de obras; sino que su vigencia se mantiene hasta que se verifique el pago correspondiente.




Ello incide en el cumplimiento de los planes institucionales y en la calidad de la gestión administrativa, pues recién se considerará cumplida la contratación cuando la Entidad cumpla con el pago respectivo.

A.    Bienes y servicios
   
Rige desde el día siguiente de su suscripción, o desde la recepción de la orden de compra u orden de servicio, hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción y se efectúe el pago.

La vigencia del contrato ha sido precisada en el artículo 42º de la Ley y en el artículo 149º del Reglamento.

B.    Cómputo del plazo

La regla general es que el cómputo del plazo se realiza en días calendario. Las excepciones están reguladas de forma expresa.

C.    Plazo de ejecución contractual


El plazo puede fijarse por uno o más ejercicios presupuestales; como máximo tres (03) ejercicios, salvo excepciones.

En el caso de arrendamiento de inmuebles, los contratos pueden suscribirse hasta por tres (03) años, renovables.

II.    Formalización del contrato


A.    Mediante la suscripción de documento
   
Para todos los casos y como regla general, el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Entra en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción.
Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido en las Bases. Dicho plazo no podrá ser menor de cinco (05) ni mayor de diez (10) días hábiles; dentro de los cuales deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato, con toda la documentación requerida.

B.    Mediante la notificación de una orden de compra u orden de servicio

   
En los procesos de Adjudicaciones de Menor Cuantía, distintos a los convocados para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá perfeccionar con la recepción de la orden de compra u orden de servicio, según sea el caso. El plazo de ejecución se computa a partir del día siguiente de su recepción.

En estos casos, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes del consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá requerir al postor ganador la presentación de los documentos exigidos en las Bases, otorgándole un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para tal efecto. La orden de compra o de servicios deberá ser notificada en un plazo no mayor de siete (07) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro.

III.    Modificación del contrato

El contrato en ejecución puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas de calidad y precio;  siempre que estos satisfagan la necesidad de la Entidad y no implique variar las condiciones originales que motivaron la selección del contratista.

Esta modificación se realiza previa evaluación de la Entidad.

A.    Subcontratación

1.    Definición


 La subcontratación es la ejecución de parte de las prestaciones del contratista por un tercero.

2.    Requisitos

  • Las Bases deben autorizarlo.
  • La solicitud debe ser realizada por el contratista, indicando el nombre del subcontratista, quien deberá estar inscrito en RNP y no estar suspendido o inhabilitado.
  • El límite máximo es el 40% del monto original del contrato.
  • Los contratistas extranjeros deben dar capacitación y transferencia de tecnología a los nacionales.

3.    Procedimiento

  • La Entidad debe aprobarlo por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles.
  • Si no contesta, se considera que la subcontratación está aprobada.
B.    Cesión de derechos y de posición contractual

Salvo prohibición legal o reglamentaria, procede ceder derechos.

No procede ceder posición contractual, salvo:

  • Transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades.
  • Fusiones o escisiones.
  • Exista norma legal que lo permita expresamente.
C.    Ampliaciones de plazo

1.    En bienes y servicios


El contratista debe presentar una solicitud dentro de los siete (07) días hábiles de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, causada inclusive por caso fortuito o fuerza mayor; o de aprobado el adicional, si afecta el plazo de ejecución contractual.

La Entidad debe pronunciarse dentro de diez (10) días hábiles de presentada la solicitud. Si no lo hace, se entiende aprobada la solicitud.

Si la ampliación genera gastos generales, éstos deberán acreditarse  para su reconocimiento.

Procede solicitar conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de la decisión.

2.    En ejecución de obras

El residente anotará la situación que amerite ampliación en el cuaderno de obra.

Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho, se solicitará, cuantificará y sustentará la ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra.

Toda solicitud debe pedirse dentro del plazo contractual. Si el hecho invocado puede superar el plazo vigente de ejecución, se solicitará antes de su vencimiento.

Presentada la solicitud, el inspector o supervisor emitirá un informe en un plazo máximo de siete (07) días contados desde el día siguiente de presentada dicha solicitud.

La Entidad se pronunciará mediante resolución como máximo en diez (10) días desde el día siguiente de la recepción del informe mencionado. Si no hay pronunciamiento de la Entidad, se considera aceptado y ampliado el plazo.

Si la causal no tiene fecha prevista de conclusión, se debe demostrar y sustentar tal situación. La Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales.

D.    Adicionales y reducciones

1.    En bienes y servicios


En el caso de bienes y servicios se ha elevado el porcentaje de adicionales hasta el 25% del monto del contrato original. Del mismo modo, se reconoce la posibilidad de reducir la cantidad de bienes y servicios de manera directa hasta por el mismo porcentaje.

La aprobación está a cargo del funcionario competente de la Entidad, conforme a sus normas de organización interna. Asimismo, la aprobación de los adicionales se efectuará a través de la emisión de la resolución correspondiente, según lo dispone el artículo 174 del Reglamento.

2.    En ejecución de obras


Tratándose de prestaciones adicionales de obra1, éstas podrán ser hasta por el 15%2 del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. 

En caso se supere el límite antes indicado, sin exceder del 50%, por defectos en el expediente o situaciones imprevisible posteriores a la suscripción, se puede autorizar el adicional siempre que cuente con autorización previa de la Contraloría General de la República.

En ambos supuestos, su aprobación será con resolución del Titular de la Entidad, previa verificación de la certificación presupuestal.

IV.     La conformidad

La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; para lo cual deberá realizar las pruebas que fueran necesarias. En el caso de las órdenes de compra o de servicio derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de consultoría y ejecución de obras, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

De existir observaciones, estas se consignarán en el acta respectiva. Deberá indicarse claramente el sentido de éstas y se le otorgará al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendario.

Si no obstante el plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción. En estos casos se considerará como no ejecutada la prestación y se aplicará las penalidades que correspondan.

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

VI.    Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE en relación a modificaciones del contrato


A continuación, se comenta algunas opiniones emitidas por el OSCE en relación a esta fase de ejecución contractual:

A.    Opinión Nº 039/2010.DTN: Inclusión de cláusulas en la proforma de contrato luego de integradas las Bases


A través de la Opinión Nº 039/2010.DTN se da respuesta a la siguiente consulta: si en el marco de un proceso de selección convocado al amparo de la normativa de contratación pública, resulta legalmente válido admitir y evaluar una propuesta que indique que se debe incluir en el contrato una cláusula que señale que ambas partes se encuentran facultadas a resolverlo de pleno derecho, sin necesidad de justificación alguna, sólo cursando a la otra parte una comunicación escrita con sesenta (60) días de anticipación.

Al respecto, la citada opinión señala lo siguiente:

  • Resulta posible que en el marco de un proceso de selección un participante considere que la proforma de contrato incluida en las Bases no ha previsto las disposiciones referidas a la resolución del contrato, o que, habiéndolo hecho, estas resulten insuficientes o contrarias a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado. En este supuesto, los participantes, a través de las consultas y/u observaciones, pueden solicitar al Comité Especial que subsane tal situación, el cual, al momento de absolver las consultas y observaciones, determinará si corresponde acoger o no la solicitud del participante, considerando las particularidades del objeto contractual y las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado.
    Es así que, una vez culminada la Etapa de Formulación y Absolución de Consultas e integradas las Bases del proceso,  las Bases integradas constituyen las “reglas definitivas” del proceso de selección. Por ello “no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía  ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad”, según el artículo 59º del Reglamento. Una vez precluida dicha etapa, el participante o postor no podría solicitar ninguna otra modificación y deberá sujetarse a las reglas establecidas por las Bases integradas.

  • Si pese a ello, un proveedor incluye en su propuesta una solicitud para incorporar una cláusula en la proforma de contrato, el Comité Especial no podría admitir dicha propuesta, pues lo contrario implicaría aceptar la modificación de las Bases integradas, contraviniéndose el artículo 59 del Reglamento. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que, de acuerdo con el artículo 142º del Reglamento, el contrato se encuentra conformado no solo por el documento que lo contiene, sino también por las Bases integradas y la oferta ganadora, con lo cual si la propuesta que plantea una modificación a las Bases integradas fuera admitida y resultara ganadora, tal modificación se convertiría, ilegalmente, en parte del contrato.

    En virtud de lo expuesto, debe indicarse que al momento de presentar sus propuestas los proveedores deben ceñirse a las disposiciones de las Bases integradas. No pueden solicitar la inclusión de cláusulas no previstas en dichas Bases, máxime si tales cláusulas tienen por objeto introducir disposiciones sobre la resolución del contrato que no resultan acordes con la normativa de contrataciones del Estado.

    De lo expuesto, se concluye que al momento de presentar sus propuestas, los proveedores deben ceñirse a las disposiciones de las Bases integradas. No pueden solicitar la inclusión de cláusulas no previstas en éstas, máxime si tales cláusulas tienen por objeto introducir disposiciones no consideradas.

B.    Opinión Nº 138/2009.DTN: Reconocimiento de mayores gastos contractuales


A través de la Opinión Nº 138/2009.DTN, se da respuesta a la siguiente consulta: si los gastos por concepto de viajes, tales como pasajes, movilidad y alimentación, a ser realizados por personal contratado por una Entidad, se deben incluir o no en la estructura de costos del valor referencial del proceso de contratación. Asimismo, se consulta si corresponde a la Entidad asumir los gastos de viajes que no han sido previstos al momento de la formulación del requerimiento del originador del servicio y que, por tanto, no han sido incluidos en la estructura de costos del monto estimado referencial.

Al respecto, la citada opinión señala lo siguiente:

  • El monto estimado referencial se determinará en función del requerimiento efectuado por el originador. Si este incluye como parte de las funciones del contratista la realización de determinados viajes o establece obligaciones que implican la realización de viajes específicos por parte de este, el costo de dichos viajes debe tomarse en cuenta al momento de determinar el monto estimado referencial.
  • Cuando durante la ejecución de un contrato, la Entidad requiera de la ejecución de prestaciones no pactadas o pactadas por una cantidad menor a la necesaria, podrá ordenar la ejecución y pago de prestaciones adicionales, salvo que, en el caso particular de los gastos de viaje, les alcancen las normas que regulan las asignaciones y viáticos.
De lo expuesto, se evidencia que a fin de poder exigir al contratista el cumplimiento de determinada obligación, se debe verificar que la misma haya sido expresamente contemplada en los documentos que dieron origen y que conforman al contrato; más aún si su cumplimiento acarrea un costo. En caso contrario, la Entidad deberá asumir el costo de esta nueva obligación.

C.    Opinión Nº 089/2009.DTN: Adicionales

A través de la Opinión Nº 089/2009.DTN, se da respuesta a la siguiente consulta: si a través de un adicional, se puede incorporar a beneficiarios no incluidos en el proceso de selección, considerando el saldo positivo existente entre la oferta económica y el valor referencial, mediante un adicional al contrato, o se tiene que realizar un nuevo proceso de selección.

Al respecto, la citada opinión señala lo siguiente:

  • El artículo 41º de la Ley dispone que durante la ejecución de un contrato, de manera excepcional y previa sustentación de la contratación por el área usuaria, las Entidades pueden ordenar y pagar directamente al contratista la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto; solo si son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato y se cuenta con la asignación presupuestal necesaria.
  • De conformidad con lo establecido en el artículo 174º del Reglamento, el costo de las prestaciones adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato. Asimismo, cabe precisar que el contratista aumentará de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado.
De lo expuesto, se evidencia que constituye una obligación de la Entidad verificar que previamente a la aprobación de un adicional, se cumpla con las formalidades antes indicadas. Del mismo modo, se debe precisar que conforme lo dispone la normativa de contratación pública, la aprobación de un adicional, sea que se trate de bienes, servicios u obras, deberá ser efectuada a través de una resolución.

D.    Opinión Nº 022/2010.DTN: Plazo de la Entidad para pronunciarse sobre la tramitación y aprobación de prestaciones adicionales de obra menores al 15% del monto de contrato original

A través de la Opinión Nº 022/2010.DTN, se da respuesta a la consulta respecto de cómo se computa el plazo para que el supervisor remita a la Entidad su pronunciamiento del presupuesto adicional menor al 15%, cuando existen observaciones al expediente presentado por el contratista.

Al respecto, la citada opinión señala lo siguiente:

  • El artículo 207º del Reglamento, en su quinto párrafo, establece lo siguiente: “La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.”

Como se aprecia, el artículo citado establece los plazos para tramitar y aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra que debe observar el contratista, el supervisor o inspector y la Entidad. Así, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra dentro de los diez (10) días de anotada en el cuaderno de obra la necesidad de aprobar prestaciones adicionales. Por su parte, el inspector o supervisor de obra deberá remitir el presupuesto adicional a la Entidad en un plazo de diez (10) días. Finalmente, la Entidad cuenta con diez (10) días para aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra.

No obstante, el artículo 207º del Reglamento no ha establecido la posibilidad de que al formular observaciones al presupuesto adicional de obra, el supervisor o inspector lo devuelva al contratista para que este las subsane. Por tanto, debe entenderse que dentro del plazo de diez (10) días el supervisor o inspector debe revisar el presupuesto adicional de obra presentado por el contratista, emitir opinión sobre este y, aun cuando haya formulado observaciones a la aprobación de prestaciones adicionales, remitirlo a la Entidad.

  • Sin perjuicio de lo expresado, el OSCE ha indicado que motivará la revisión de las disposiciones establecidas en el artículo 207º del Reglamento ante el ente competente – con ocasión de plantear modificaciones al Reglamento – en el entendido de que el presupuesto de obra que presenta el contratista podría resultar en muchos casos insuficiente para sustentar su solicitud de obra adicional.
De lo expuesto, se tiene que el plazo de diez (10) días calendario para que el supervisor o inspector revise el presupuesto adicional de obra, emita opinión sobre el particular y lo remita a la Entidad, tendría que computarse desde el día siguiente en que el contratista le presentó el presupuesto adicional. Corresponde a la Entidad, sobre la base del presupuesto adicional de obra presentado por el contratista, lo señalado por el supervisor o inspector, y la opinión de su personal especializado, determinar si corresponde o no aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra, y, de ser el caso, hasta dónde aprobarlas.

E.    Opinión Nº 051/2010.DTN: Notificación de pronunciamientos de la Entidad sobre adicionales y ampliaciones de plazo

A través de la Opinión Nº 051/2010.DTN, se da respuesta a la siguiente consulta: si resulta de carácter obligatorio que las Entidades públicas notifiquen sus resoluciones mediante las cuales se pronuncian sobre las solicitudes de ampliaciones de plazo y adicionales de obra, en el mismo plazo con el que cuentan para su emisión.

Al respecto, la citada opinión señala lo siguiente:

  • El artículo 201º del Reglamento establece las disposiciones aplicables a la ampliación del plazo contractual; entre estas, el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solitud de ampliación formulada por el contratista. Así, el referido artículo establece que la Entidad debe emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación del plazo contractual, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del informe emitido por el inspector o supervisor sobre dicha solicitud. Adicionalmente, el artículo 201º del Reglamento precisa que si la Entidad no emite la resolución dentro del plazo antes señalado, el plazo contractual se considerará ampliado, bajo responsabilidad de la Entidad.
  • Por su parte, el artículo 207º del Reglamento4 establece las disposiciones aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales de obra por un monto menor al quince por ciento (15%) del monto contractual. Del referido artículo se desprende que la Entidad debe emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de aprobación de prestaciones adicionales de obra, dentro de los diez (10) días siguientes de la presentación del presupuesto adicional de obra por parte del inspector o supervisor de la obra.
  • Si bien los artículos antes referidos no señalan expresamente que dentro de dicho plazo la Entidad no solo debe emitir la respectiva resolución, sino también notificarla al contratista; ello resulta implícito, pues dicho plazo ha sido establecido con la finalidad de que, dentro de este, la Entidad adopte una decisión y la comunique formalmente al contratista.

De lo expuesto y teniendo en consideración lo indicado en la referida opinión, debe indicarse que el plazo con el cual cuentan las Entidades para pronunciarse sobre las solicitudes de ampliación del plazo contractual y de aprobación de prestaciones adicionales de obra, incluye la obligación de las Entidades de notificar sus resoluciones al contratista; lo cual resulta concordante con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece como requisito para la validez de los actos que emite la administración, que estos sean debidamente notificados al interesado5.

Pie de página
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  1. En relación al particular, se recomienda tener en cuenta la Directiva N° 002-2010-CG/OEA “Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG, cuya Única Disposición Complementaria Final señala que las Entidades ejecutoras de obras, cuando aprueban, y los órganos del Sistema Nacional de Control cuando realizan el control posterior de prestaciones adicionales de obra cuya incidencia acumulada sea igual o no supere el 15% del monto del contrato original, podrán utilizar los criterios técnicos, legales y presupuestarios contenidos en la citada directiva.
  2. En este punto, cabe precisar que a través de la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1017, se ha modificado la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto Público, en el sentido que la autorización de obras adicionales por parte del Titular de la Entidad sólo procederá cuando su monto no supere el 15% del monto total del contrato original. Dicha modificación se hizo necesaria a fin que exista congruencia entre la ley del presupuesto y la ley de contrataciones, por cuanto la primera de ellas – cuando hablaba de porcentajes – se refería a 10%, mientras que la última, 15%.

    Del mismo modo, se debe indicar que a través de la citada Disposición Complementaria Modificatoria se ha indicado que en el caso de empresas, incluidas aquellas bajo el ámbito de FONAFE, la aprobación deberá ser otorgada por Acuerdo del Directorio.
  3. “Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo.-
    (…)
    El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.” (El subrayado es nuestro). 
  4. “Artículo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%).-
    (…)
    La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.” (El subrayado es nuestro).
  5. “Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo.-
    16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.
    (…)
    Artículo 18.- Obligación de notificar.-
    18.1 La notificación del acto será practicada de oficio y su debido diligenciamiento será competencia de la Entidad que lo dictó.
    (…)”